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26.2.2015.

Anticorrupción imputa al exviceconsejero socialista Carlos Esco en el caso Plaza


Por: Domingo Ochoa

Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se tome declaración como imputado en el caso Plaza al exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Esco. También solicita la imputación del propietario de la empresa Floría Diseño, Miguel Ángel Floría, y del jefe de movimientos de tierras y de obra de la UTE Plaza, Alejandro Viñuales.

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Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que instruye el caso Plaza que tome declaración como imputado al exviceconsejero socialista de Obras Públicas y exconsejero delegado de Plaza, Carlos Esco. En una primera aproximación, los delitos imputados a Esco son los de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación continuada, cohecho y alteración del precio de las cosas.

Además del exviceconsejero socialista, Fiscalía Anticorrupción también ha solicitado al magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, que tome declaración como imputados al propietario de la empresa Floría Diseño, Miguel Ángel Floría, y al jefe de movimientos de tierras y de obra de la UTE Plaza, Alejandro Viñuales. También pide la declaración como testigos de José Luis Marqués Insa, ex miembro del Consejo de Administración de Plaza, y Borja Lasala, del grupo Floría. 

El escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso ARAGÓN PRESS, señala que los hechos imputables a Carlos Esco resultan, al menos, “la práctica totalidad” de los recogidos en uno de los correos remitidos por el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, a José Luis Marqués Insa, que fue miembro del Consejo de Administración de la sociedad pública en 2004. 

Se refiere en concreto al correo “Miserias” enviado en mayo de 2014 en el que se describen una serie de actuaciones de Esco en relación con el revestimiento de fachadas, el vídeo del Parque del Canal, la Estación de Servicio de Plaza o el Manual Corporativo de la sociedad pública, entre otras.

REVESTIMIENTO DE FACHADAS

Respecto al revestimiento de fachadas, señala el escrito de Fiscalía que en mayo de 2004 Plaza quería revestir seis edificios con unos paneles especiales para mejorar la fachada y adecuarlos al entorno del polígono. Para ello, se adjudicó la obra al Grupo Floría por más de 344.000 euros. 

En el email citado anteriormente García Becerril le explica a Marqués Insa que ese precio “era de seis edificios y no de los tres que finalmente fueron revestidos”. “Floría cobra 344.397 euros por forrar tres edificios cuando Nexo cobra 337.210 euros para seis edificios, más o menos la proporción es el doble más caro Floria”, reza el correo.

VIDEO PARQUE DEL CANAL

El escrito de Fiscalía Anticorrupción señala también que Carlos Esco ordenó que se encargara a la sociedad Floría un vídeo de la zona del canal “sin necesidad alguna y con un injustificado sobreprecio”. "Por orden directa de Carlos Esco, Floría ha preparado un vídeo virtual del Parque del Canal de aproximadamente 2,5 minutos. En Plaza nos hemos enterado cuando teníamos que pagarlo. Este vídeo, que no cuesta más de dos millones de pesetas, Floría lo ha facturado por ocho millones de pesetas", explica un correo enviado por García Becerril a Marqués Insa fechado el 14 de junio de 2004.

En dicho correo se dice además que el montaje "es de mala calidad porque el sonido se nota que no está grabado por un profesional". Explica también que "para poder pagarlo", Floría dividió la factura en cinco "con cantidades más pequeñas" y proporcionando "presupuestos falsos para justificar el encargo".

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL CANAL

El correo de García Becerril a Marqués Insa denominado “Miserias” señala que Carlos Esco “ordenó expresamente no negociar” en la adjudicación del proyecto de construcción del Parque del Canal, “que se adjudicó a Pedro Tejero-Garcés por unos 100 millones de pesetas”. 

Así, en el ordenador del exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez Cervantes, se encontraron dos archivos con las puntuaciones en la adjudicación del Parque del Canal. En el primero, Pedro Tejero-Garcés obtiene 37,45 puntos y en el segundo 51,45. En la reunión del Consejo de Administración del 27 de julio de 2002 esta oferta ya aparece “como la mejor”. Posteriormente, en otras obras realizadas en Plaza también se sigue contando con él. 

MANUAL CORPORATIVO DE PLAZA Y CASO SANEDI

En 2003 Plaza pagó por un manual corporativo a la empresa Bassat-Ogilvy 6.302 euros. En un correo, García Becerril reconoce que dicho manual “ya estaba hecho en Plaza por 250.000 pesetas”, pero que el exviceconsejero Esco lo volvió a encargar a la citada empresa. 

El bautizado como caso Sanedi comenzó en 2002 cuando Plaza decide incorporar a los terrenos afectados por el proyecto una franja de 54 hectáreas situada entre la Base Aérea y la línea de ferrocarril del AVE. En un correo, el exgerente de Plaza explica que se trata de una parte de una finca de 600 hectáreas sobre la que había una opción de compra a favor de la empresa Euroholding Corporación Financiera e Inmobiliaria y la empresa Sanedi. En esta finca estaba prevista la construcción de la Ciudad de la Logística.

Cuando estas sociedades adquirieron la totalidad de la finca por 523 pesetas el metro cuadrado, excepto la franja resevada a Plaza, también compraron la franja de 61,9 hectáreas, “inútil para cualquier uso excepto el agrícola o ganadero y sin aprovechamientos urbanísticos”, reza el correo de García Becerril. 

“Repentinamente”, según García Becerril, Carlos Esco decidió incluir en el ámbito del proyecto esta franja de 61,9 hectáreas. El exviceconsejero pactó con Sanedi la compra de este terreno por 754 millones de pesetas, por lo que esta empresa acabó ganando con la operación 430 millones de las antiguas pesetas.

OTROS DOS IMPUTADOS

Fiscalía Anticorrupción solicita también la imputación de Miguel Ángel Floría y considera que los elementos que indican el “comportamiento delictivo” de Esco y Floría son corroborados en un correo de junio de 2004 que García Becerril remite al Grupo Floría sobre el presupuesto para el revestimiento de seis edificios -337.210 euros- y que, finalmente se incrementó y fue solo para tres edificios.

En el caso de la imputación de Alejandro Viñuales, jefe de movimientos de tierras y de obra de la UTE Plaza, considera Fiscalía Anticorrupción que si bien algunas de sus conductas “pueden interpretarse desde la confianza en que las que han resultado falsedades en las certificaciones respondían a meros adelantos a cuenta, otras no admiten esta ignorancia”. Suponen así su imputación en los delitos de falsedad en documento mercantil y malversación.


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