El Fondo Monetario Internacional ha emitido un diagnóstico severo sobre la situación inmobiliaria en España, sugiriendo cambios drásticos en la hoja de ruta del Ejecutivo. En su evaluación anual, la entidad internacional recomienda al Banco de España establecer topes preventivos en la concesión de préstamos hipotecarios para evitar riesgos futuros. Asimismo, insta al Gobierno a dar marcha atrás en la regulación de precios de alquiler establecida en la normativa de 2023, argumentando que estas limitaciones podrían estar drenando la oferta de inmuebles disponibles en el mercado.
El informe detecta una presión creciente en el sector, con un volumen de hipotecas que no se veía desde 2010 y precios que ya superan los picos de la anterior crisis. Aunque el organismo admite que la banca mantiene cierta cautela, advierte sobre el aumento de créditos que financian un alto porcentaje del valor de tasación, a menudo impulsados por avales institucionales. La recomendación es actuar antes de que los riesgos se consoliden, pasando de la simple observación a límites obligatorios basados en la solvencia real del solicitante.
En cuanto al arrendamiento, el organismo internacional es tajante: si no se demuestra que los topes de precio funcionan, deberían suspenderse tras su fase inicial. La receta propuesta para aliviar la tensión habitacional pasa por un aumento agresivo de la oferta, agilizando la burocracia urbanística, liberalizando suelo y desbloqueando reformas legislativas que faciliten la construcción, con el fin de evitar que el encarecimiento de la vivienda lastre la movilidad laboral y la economía de las familias.
