Aragón podría verse obligada a recibir a 251 menores migrantes procedentes de Canarias, dentro de un plan estatal para reubicar a 3.975 jóvenes ante la saturación del sistema de acogida del archipiélago. Desde el departamento de Bienestar y Familia del Gobierno aragonés califican esta propuesta como “inviable” por falta de plazas y de personal especializado.
El plan, que se debatirá en una conferencia sectorial convocada por el Ministerio de Infancia en las próximas semanas, contempla compensaciones económicas para las comunidades que reciban menores, incluyendo Aragón, que figura entre las regiones con “sobreocupación”. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico mantiene que no es posible acogerlos porque sus centros ya se encuentran al límite de capacidad y con falta de profesionales para atenderlos.
Según la hoja de ruta estatal, la distribución afectaría a casi todas las comunidades salvo Cataluña y País Vasco, que quedan exentas al registrar un “balance negativo” en acogidas anteriores. Andalucía asumiría la mayor cifra con 677 menores, seguida de Madrid con 647 y la Comunidad Valenciana con 571. En el lado opuesto, Baleares recibiría a 49, Navarra a 118 y Murcia a 133.
Fuentes gubernamentales explican que la saturación en Aragón viene dándose desde noviembre de 2023, con un flujo continuo de menores extranjeros no acompañados y jóvenes llegados en programas de protección internacional que dependen del Estado. A esto se suma, señalan, el déficit de personal especializado para su atención.
El reparto se aprobaría en el Consejo de Ministros tras la conferencia sectorial y los traslados podrían empezar antes de que finalice el verano. Además, el Gobierno central estudia compensar económicamente a las comunidades con mayor ocupación para garantizar la atención adecuada.
Desde el Ejecutivo aragonés consideran que la filtración de este documento responde a una “maniobra política” para desviar la atención de los problemas nacionales. También critican que el Estado “no es capaz de gestionar las políticas migratorias” ni de organizar la acogida de extranjeros, tanto adultos como menores.
La DGA recuerda que, junto a otras autonomías, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto Ley que establece los criterios de reparto de menores no acompañados llegados a Canarias. El Gobierno autonómico sostiene que este decreto vulnera sus competencias, no prioriza el interés del menor y rompe la igualdad entre comunidades.
Según su valoración, la normativa se aprobó por motivos políticos ajenos a la infancia migrante y sin diálogo suficiente con los territorios. Insisten en que Aragón carece de medios suficientes para acoger a más menores y que la obligación de asumir nuevos traslados saturaría aún más los servicios sociales.
El plan estatal excluye de la cifra total los 850 menores que, tras dos sentencias recientes del Tribunal Supremo, seguirán bajo competencia estatal al tratarse de solicitantes de asilo. Aun así, el volumen restante, cercano a 4.000 menores, obliga a un reparto entre comunidades para aliviar la presión en Canarias, Ceuta y Melilla.
Desde el Gobierno aragonés concluyen que cualquier reubicación debería garantizar previamente recursos, personal y financiación suficiente para no perjudicar la atención de los menores ya acogidos en la región.
