Jorge Azcón, presidente de Aragón, ha anunciado una enérgica lucha en los tribunales y en los parlamentos contra la Ley de Amnistía y el acuerdo entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez. Considera que este pacto representa un «golpe a la democracia y la igualdad» y lo describe como la gota que colma el vaso, afirmando con determinación que «no reblaremos».
En una declaración institucional, Azcón denuncia este acuerdo como «el ataque más grave de la historia contra nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho». Argumenta que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el PSOE están dispuestos a sacrificar los principios democráticos y el Estado de Derecho para mantenerse en el poder, a costa de vender España a los enemigos de la nación.
El presidente aragonés califica la Ley de Amnistía como «manifiestamente inconstitucional» y sostiene que busca otorgar un poder omnipotente al legislativo, eliminando la responsabilidad penal de ciertos individuos en función de criterios políticos. También se opone firmemente a la condonación de la deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña, argumentando que esto crea desigualdades entre los ciudadanos españoles.
Azcón concluye con un mensaje contundente: «España no se vende y a Aragón no se le maltrata». Anuncia que recurrirán al Tribunal Constitucional y a los tribunales europeos, debatirán en los parlamentos y explicarán a la comunidad internacional el ataque a la democracia que está teniendo lugar.
Además, la alcaldesa de Zaragoza, Natala Chueca, ha calificado el pacto como el «acuerdo de la vergüenza» y ha convocado un Pleno extraordinario para que los ciudadanos expresen su rechazo. Acusa al PSOE de entregar España a los independentistas y teme las consecuencias económicas y de estabilidad que esto pueda generar.
Alejandro Nolasco, vicepresidente de Aragón, también critica duramente el acuerdo de investidura, calificando al PSOE como el partido de la infamia y la traición. Asegura que este acuerdo perjudica a Aragón en favor de Cataluña y acusa al ministro Marlaska de ser responsable de la violencia en las manifestaciones.
