El consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, ha mostrado su rechazo frontal a la propuesta del Ministerio de Sanidad de eliminar el modelo de Muface y transferir a los funcionarios mutualistas a la sanidad pública a partir de enero de 2025. La ministra de Sanidad, Mónica García, planteó esta posibilidad tras la publicación de un estudio que respalda una transición progresiva. Según Bancalero, esta decisión «colapsaría» los sistemas sanitarios autonómicos, calificándola de «irrespetuosa, irresponsable y nefasta».
Una propuesta que genera tensión
El plan implicaría que en un periodo de nueve meses, entre enero y septiembre de 2025, los funcionarios que actualmente reciben atención a través de aseguradoras privadas pasarían a la sanidad pública, con una transferencia de 2.681 millones de euros a las comunidades autónomas. En Aragón, esto afectaría a 32.036 funcionarios, lo que supondría un gasto estimado de 150 millones de euros, según datos proporcionados por Bancalero.
El consejero ha enviado cartas tanto a la ministra García como al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, pidiendo que reconsideren esta medida. En su misiva a López, Bancalero subrayó que la absorción de esta población «podría significar la muerte de la Atención Primaria en España» debido a la falta de personal, infraestructuras y financiación.
Falta de planificación
Bancalero también ha señalado que el informe ministerial carece de una planificación adecuada para afrontar este cambio. «No se contemplan las necesidades de recursos humanos, infraestructuras o tecnología necesarias para atender a estos nuevos usuarios», indicó en declaraciones a los medios. El consejero aragonés ha insistido en que asumir a los funcionarios mutualistas agravaría los problemas de saturación que ya enfrenta el sistema sanitario, especialmente en Atención Primaria.
Consecuencias para Aragón
En Aragón, la integración de los funcionarios representaría el equivalente a la carga de un centro de salud completo, según explicó Jessica Fessenden, representante del sindicato Csif. «No tenemos capacidad estructural ni recursos humanos suficientes para asumir este volumen de pacientes», afirmó, advirtiendo que el sistema sanitario regional se desestabilizaría aún más.
Por su parte, Bancalero ha pedido que el Ministerio de Función Pública tome las «medidas oportunas» y recordó que la gestión de los mutualistas no es competencia de Sanidad. En su carta a García, enfatizó que el fin de Muface tendría «graves consecuencias» para las comunidades autónomas, haciendo necesario redimensionar infraestructuras, equipamientos y plantillas, ámbitos en los que, según él, Sanidad «mira hacia otro lado».
Expectativa entre los funcionarios
La propuesta también ha generado inquietud entre los funcionarios afectados, quienes han expresado su incertidumbre sobre cómo se gestionará la transición y qué implicaciones tendrá para su atención sanitaria. Mientras tanto, Bancalero y otros líderes autonómicos esperan que el Gobierno aclare los detalles del plan y considere las serias repercusiones que podría tener para el sistema sanitario.
