En marzo de 2026, la economía aragonesa se enfrenta a un escenario que muchos esperaban haber dejado atrás: una crisis de costes energéticos provocada por la inestabilidad en Oriente Próximo. Aunque Aragón no tiene una dependencia comercial directa masiva con Irán —sus exportaciones al país apenas superan los 8 millones de euros—, su vulnerabilidad reside en su condición de hub logístico y en la sensibilidad de su tejido industrial al precio del crudo.
El diésel: El nuevo cuello de botella
En apenas dos semanas de conflicto, el litro de gasóleo ha escalado hasta rozar los 1,86 euros en muchas estaciones de la comunidad. Esta subida del 25,5% es especialmente dolorosa para el sector del transporte por carretera, que representa una parte sustancial del PIB regional gracias a plataformas como PLAZA. Para un camión de gran tonelaje, este incremento supone un gasto extra de cientos de euros en cada ruta internacional, un coste que las pymes del sector no pueden absorber sin trasladarlo al precio final de los alimentos y bienes de consumo.
El origen del problema está en el Estrecho de Ormuz, una arteria vital por la que circula el 20% del petróleo mundial. El temor a un cierre total de esta ruta ha llevado el barril de Brent por encima de los 90 dólares, generando lo que la Cámara de Comercio de Zaragoza ya denomina como un «shock de oferta».
Impacto en la industria y el crecimiento
La revisión a la baja del crecimiento aragonés no es casual. La industria pesada y la agroindustria de la región son intensivas en energía. Si el conflicto se prolonga, el escenario adverso prevé que la inflación en España podría escalar hasta el 4%, erosionando el poder adquisitivo de las familias aragonesas y frenando el consumo interno.
Además, sectores estratégicos como el de los fertilizantes para la agricultura ya han reportado encarecimientos del 25%, lo que añade presión a un sector primario que ya venía castigado por los costes de producción.
Medidas de emergencia
Mientras el Gobierno central fía la solución a una rebaja coordinada del IVA o a ayudas directas desde Bruselas, el Gobierno de Aragón ha comenzado a mover ficha permitiendo el aplazamiento de deudas e impuestos autonómicos para las empresas más afectadas. Sin embargo, los transportistas agrupados en organizaciones como Tradime advierten que sin una «bonificación directa» al litro de combustible similar a la de crisis anteriores, el paro patronal podría ser inevitable.
En conclusión, Aragón se encuentra en una encrucijada. Su fortaleza logística se ha convertido en su talón de Aquiles ante la volatilidad del petróleo. La resiliencia de la región dependerá de la rapidez con la que se implementen medidas de choque y de si el conflicto en Irán se mantiene contenido o deriva en un bloqueo persistente del suministro global.
