El nuevo curso político y judicial en España comienza bajo un ambiente crispado entre los principales poderes del Estado. Las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalando que «algunos jueces hacen política», han encendido la confrontación con el Poder Judicial, que respondió con firmeza en la apertura del año judicial, presidida por el rey.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por una presunta filtración, asistió al acto institucional, generando controversia. Mientras sectores conservadores cuestionan su continuidad, él defiende su presencia como un acto de responsabilidad. La presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, replicó con un discurso en el que rechazó «las descalificaciones de los poderes públicos» hacia la Justicia.
A estas tensiones se sumó la ausencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se negó a asistir al acto judicial como gesto de protesta. En paralelo, se acumulan causas judiciales de alto impacto como el caso Koldo, vinculado a antiguos colaboradores del PSOE, y posibles investigaciones a exministros del PP.
En el plano político, el Gobierno busca aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2026, pero enfrenta resistencias tanto desde la oposición como entre sus propios socios. Podemos y Junts mantienen exigencias difíciles de aceptar, lo que pone en riesgo la estabilidad parlamentaria.
Con este escenario de tensión institucional, causas abiertas y negociaciones bloqueadas, el cierre de 2025 se presenta incierto. Las elecciones autonómicas previstas para el próximo año podrían marcar el rumbo político, mientras el desgaste entre poderes amenaza con dificultar aún más el diálogo democrático.
