El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a los gobiernos de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid a cumplir con la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo, mediante la creación del registro de objetores de conciencia. Este registro, aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial de Salud en 2024, tiene carácter obligatorio y busca asegurar el acceso equitativo de todas las mujeres a este derecho reconocido por ley.
En su carta, Sánchez advierte que si en un plazo de tres meses las comunidades no implementan el registro, el Ejecutivo activará los mecanismos legales necesarios para exigir su cumplimiento. El mandatario subraya que la falta de este instrumento “restringe de facto” la posibilidad de recibir atención sanitaria en igualdad de condiciones. “El respeto a la objeción de conciencia nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención médica”, señala el texto.
Desde el Ministerio de Sanidad recuerdan que este registro no es opcional ni una nueva imposición, sino una herramienta legal establecida en la reforma de la ley del aborto de 2023. Según explicó la ministra Mónica García, su función es organizar los recursos humanos y compatibilizar el derecho de los profesionales a objetar con el derecho de las mujeres a ser atendidas en el sistema público.
Cada comunidad autónoma debe gestionar su propio registro confidencial, donde los sanitarios que se nieguen a practicar abortos figuran solo a efectos internos. No se publican nombres ni motivos, y la inclusión puede revocarse en cualquier momento. El objetivo, según el protocolo, es evitar que la objeción afecte a la programación de servicios y garantizar personal disponible en todos los hospitales.
Mientras tanto, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha manifestado que no pretende “señalar ni perseguir” a los médicos que ejerzan su objeción de conciencia, y ha sugerido que, en todo caso, el registro tendría carácter voluntario. Sin embargo, el Gobierno central ha advertido que esa fórmula restaría eficacia al sistema y vaciaría su propósito legal.
Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha declarado que cumplirá la normativa, aunque considera que el Ejecutivo utiliza el debate “con fines políticos”. Desde Baleares, en tanto, el Gobierno autonómico ha asegurado que la atención al aborto está garantizada en la sanidad pública y que trabaja en el decreto que formalizará la creación del registro.
Con esta medida, el Ejecutivo central busca asegurar que el derecho al aborto no dependa del territorio ni de la disponibilidad del personal, sino que esté plenamente garantizado en la red sanitaria pública, con respeto tanto a los profesionales como a las pacientes.
